UBER a lo TICO – Articulo de opinión presentado por el diputado del Partido Acción Ciudadana Franklin Corella Vargas.


UBER a lo TICO

La llamada economía cooperativa o consumo cooperativo ha venido a revolucionar las lógicas del mercado y a cambiar las relaciones sociales. Este nuevo fenómeno mundial considerado por algunos como la revolución industrial moderna, llegó para quedarse, no sin antes transformar las relaciones comerciales, desafiar la oferta y la demanda poniendo  en aprietos a los Estados, sus regulaciones y sus reglas de convivencia.

En menos de cinco años empresas como  UBER, Air bnb, Cabify, Blablacar han revolucionado sus mercados dentro la llamada era de la tecnología y la información, donde no era para menos que el uso de aplicaciones especializadas destrozara fronteras, reglas comerciales y trasformara la economía mundial.

Uber por ejemplo, se encuentra actualmente en más de 300 ciudades de 50 países, con alianzas estratégicas con gigantes  como Google, Microsoft, Goldman Sachs, manteniendo un valor de $50.000 millones, según Forbes.

Costa Rica no fue la excepción,  Uber llegó al país un viernes a las 4pm de la misma forma como llego a otros países en todos los continentes. Su carta de presentación es la modernización del transporte público, su actitud es crítica y retadora ante las regulaciones de cada ciudad, evidentemente inadaptadas y tomadas por sorpresa por el nuevo fenómeno económico.

Uber no es una amenaza, es un desafío, y una trasformación natural que debemos enfrentar con sensatez como sociedad. No podemos ver la modernidad con autoritarismos irracionales, ni avanzar por los caminos del desarrollo en reversa.

Los países que intentaron impedirlo solo lograron caos social, confrontación y autos en llamas, para terminar aceptando lo inevitable, las relaciones personales y de los actores económicos cambiaron.

Las leyes no son obras rígidas ni irracionales, responden a situaciones particulares de cada momento histórico de su promulgación, regulan situaciones para propiciar justicia, convivencia y paz social y deben ser adaptadas a las condiciones sociales de cada época para asegurar su efectividad con el tiempo.

Es de esperar que nuestra regulación no esté adaptada a un fenómeno mundial que inició hace menos de cinco años; sin embargo, le corresponde a las autoridades y principalmente a los legisladores poner al día a la sociedad, analizando leyes con el lente de la modernidad.

Resulta entonces necesario asumir este desafío revisando regulaciones que, en muchos casos, han permitido abusos como la concentración de placas de taxis en manos de personas que las alquilan o los códigos de SEETAXIS en sociedades anónimas vinculadas con políticos.

Es urgente hacer una nueva regulación que permita modernizar y mejorar el transporte de personas,  que asegure mecanismos de consulta a los usuarios, unidades modernas y seguras, un trato adecuado de los choferes, mecanismos de pagos ágiles y seguros, distribución adecuada de ingresos y tributos proporcionales que se inviertan en infraestructura y seguridad vial.

La regulación debe asegurar el marco de la legalidad adecuado que conlleve a una competencia sana entre UBER y otras empresas extranjeras y nacionales como Taxible, Easytaxi, etc; así como el apoyo por parte del estado a las empresas tecnológicas nacionales aplicadas al transporte y  economía social solidaria.

Se debe asegurar el pago por el servicio en cuentas nacionales, permitiendo así una adecuada fiscalización de ingresos, transparencia y una mejor forma de recaudar los ingresos por tributos.

La liberalización salvaje del transporte remunerado de personas sin un marco regulatorio claro, no es una ruta sensata en términos de seguridad jurídica para los dueños de los vehículos y la relación con empresas transnacionales como UBER.

¿Qué pasaría si unilateralmente UBER decide incrementar sus ingresos porcentuales por cada viaje, qué pasa si decide romper relaciones y sacarlo de la aplicación; cuál sería la relación jurídica entre las partes?

Y entre usuarios, ¿qué procedería en caso de un cobro equivocado en la tarjeta de crédito, a quién se reclama; en caso de accidentes qué responsabilidad tiene el chofer, el dueño del vehículo y UBER, al ser el ente que los puso en contacto, confiados en la seguridad del sistema?  

Con estas y otras dudas no son válidas las ocurrencias de algunos Diputados, de ampararse en la libertad de elección, pretendiendo establecer una regulación a conciencia como mejengas de barrio.

En cuanto a la victimización de UBER y la satanización de los taxistas y el gobierno; no se vale venir a un país respetuoso del estado social de derecho y meterse a la fuerza ignorando leyes; tampoco se vale golpear a choferes, usuarios y autos de UBER. Tan ilegal es una acción como la otra.

Al gobierno le corresponde hacer respetar la ley, pero eso no implica ser propositivo y plantear a la Asamblea Legislativa en un ambiente de dialogo y paz social, la construcción de reformas legales que permitan modernizar el transporte remunerado de personas y el funcionamiento regulado de UBER y otras empresas nacionales y extranjeras en el país.    

 


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